La ordenación económica comprende las normas mediante las que los poderes públicos establecen el marco general de funcionamiento de la actividad económica y condicionan su desarrollo cuando concurren intereses públicos que requieren regulación, planificación o supervisión.
La normativa regula la planificación económica, intervención administrativa sobre sectores y actividades, autorizaciones, controles, obligaciones de información, medidas de fomento, coordinación entre Administraciones, disciplina de mercados y adopción de instrumentos destinados a corregir desequilibrios o asegurar determinados objetivos económicos. También comprende disposiciones de alcance transversal que afectan a varios sectores productivos.
En este apartado se reúnen las principales normas históricas y vigentes de carácter administrativo sobre ordenación económica, especialmente las de carácter general, sin perjuicio de las regulaciones específicamente financieras, tributarias, comerciales, industriales o sectoriales clasificadas en sus correspondientes epígrafes.
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