Las Administraciones públicas realizan un tratamiento especialmente intenso de datos personales, necesario para el ejercicio de sus competencias y la prestación de los servicios públicos. Expedientes, registros, procedimientos, archivos y sistemas de información contienen datos cuya utilización debe conciliar la actuación administrativa con los derechos de las personas afectadas.
La normativa establece las condiciones y garantías aplicables al tratamiento, consulta, comunicación e intercambio de datos por las Administraciones, así como determinadas especialidades derivadas del ejercicio de potestades públicas, las relaciones entre organismos y la tramitación administrativa.
En este subapartado se reúnen las principales normas sobre protección de datos específicamente vinculadas a la actividad de las Administraciones públicas, diferenciándolas de la regulación general, de la normativa autonómica y de las disposiciones correspondientes a sectores concretos.
En esta seccion tenemos las siguientes normas, acuerdos y documentos:
- - - - - - - - - - - - N A V E G A C I O N