CONSUMO
El consumo, contemplado desde el Derecho administrativo, comprende la intervención de los poderes públicos destinada a hacer efectiva la protección de consumidores y usuarios, desarrollando mediante controles, servicios y potestades administrativas los derechos que el ordenamiento les reconoce.
La normativa regula la información al consumidor, seguridad de bienes y servicios, inspección y control del mercado, reclamaciones, asociaciones de consumidores, sistemas administrativos de resolución de conflictos, campañas de vigilancia, retirada de productos y potestad sancionadora, además de atribuir competencias a las distintas Administraciones encargadas de la protección del consumidor.
En este apartado se reúnen las principales normas históricas y vigentes de carácter administrativo en materia de consumo, especialmente aquellas que organizan la intervención, vigilancia y actuación de las Administraciones públicas, sin perjuicio de las normas civiles y mercantiles que regulan contratos, garantías, responsabilidad y demás relaciones privadas entre consumidores y empresarios.
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