IGUALDAD
La igualdad, contemplada desde el Derecho administrativo, comprende las normas mediante las que los poderes públicos deben evitar discriminaciones, corregir desigualdades y garantizar un trato equivalente en el acceso a derechos, servicios, prestaciones y funciones públicas. El principio constitucional adquiere aquí una dimensión práctica: obliga a revisar procedimientos, requisitos y decisiones administrativas.
La normativa regula la igualdad de trato y de oportunidades, prohibición de discriminación, acciones positivas, accesibilidad, participación, empleo público, acceso a servicios y prestaciones, protección frente a conductas discriminatorias y actuación de los órganos administrativos competentes. También comprende medidas específicas dirigidas a colectivos o situaciones en los que existe una desigualdad material que exige intervención pública.
En este apartado, y sus subdivisiones, se reúnen las principales normas históricas y vigentes de carácter administrativo en materia de igualdad, sin perjuicio de las regulaciones específicamente constitucionales, laborales, sociales o relativas a igualdad de género clasificadas en sus correspondientes apartados.
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