Sentencia 3978/2025 del Tribunal Constitucional

La sentencia resuelve una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia respecto del artículo 15.Seis del texto refundido de las disposiciones legales de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado. La duda de constitucionalidad surge en un litigio en el que una sociedad de garantía recíproca aplicó un tipo reducido del 0,1 % en el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) por la constitución de hipotecas sobre inmuebles situados en Galicia. La administración tributaria gallega rechazó ese tipo reducido y aplicó el tipo general del 1,5 %, al considerar que la empresa no cumplía el requisito de tener domicilio social en Galicia, condición exigida por la norma autonómica.

La entidad afectada impugnó las liquidaciones y sanciones impuestas, alegando que ese requisito vulneraba el principio de igualdad y las normas que garantizan la libre circulación y establecimiento dentro del territorio nacional. El órgano judicial que conocía del caso consideró que la resolución del litigio dependía de la validez constitucional de la norma y planteó la cuestión ante el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional analiza si es constitucional que el beneficio fiscal dependa del domicilio social en la comunidad autónoma. Concluye que ese requisito introduce una diferencia de trato entre entidades que realizan la misma operación, basada únicamente en su lugar de domiciliación, lo que supone una discriminación injustificada y una restricción incompatible con los principios de igualdad y con la libertad de circulación económica dentro del territorio nacional.

En consecuencia, el Tribunal estima la cuestión de inconstitucionalidad y declara inconstitucional y nulo el inciso que exige que la entidad tenga domicilio social en Galicia para poder aplicar el tipo reducido del impuesto. La sentencia ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La sentencia analiza la constitucionalidad del requisito establecido en la normativa tributaria de Galicia que condicionaba la aplicación de un tipo reducido del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) a que la entidad beneficiaria tuviera su domicilio social en Galicia. El Tribunal Constitucional examina si esa exigencia respeta los principios constitucionales de igualdad, unidad de mercado y libertad de circulación económica dentro del territorio nacional.

En primer lugar, el Tribunal delimita el objeto del proceso y el marco normativo aplicable. Señala que la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia se centra exclusivamente en el inciso que exige el domicilio social en Galicia para poder aplicar el tipo reducido del impuesto. El análisis se realiza a la luz de los principios constitucionales que garantizan la igualdad ante la ley y la libertad de establecimiento y circulación en todo el territorio del Estado, así como de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia tributaria.

A continuación, el Tribunal examina el alcance de la autonomía financiera de las comunidades autónomas y su capacidad para establecer beneficios fiscales en los tributos cedidos. Reconoce que las comunidades autónomas pueden modular tipos impositivos o establecer determinados incentivos fiscales dentro del marco fijado por el Estado. Sin embargo, dicha capacidad normativa debe ejercerse respetando los límites derivados de la Constitución, especialmente aquellos que garantizan la igualdad entre operadores económicos y la unidad del mercado nacional.

El Tribunal analiza el requisito del domicilio social desde la perspectiva del principio de igualdad. Señala que la norma establece una diferencia de trato entre entidades que realizan la misma operación económica —la constitución de hipotecas que garantizan determinadas operaciones financieras— basándose exclusivamente en el lugar donde tienen fijado su domicilio social. Esta diferencia no se fundamenta en la naturaleza de la operación gravada ni en características objetivas relacionadas con el hecho imponible, sino en un criterio territorial vinculado a la sede de la entidad.

El Tribunal considera que esa distinción carece de una justificación objetiva y razonable. El hecho imponible del impuesto se produce por la formalización de determinados documentos notariales y, en el caso analizado, por la constitución de hipotecas sobre bienes situados en Galicia. Por tanto, la conexión territorial relevante para la tributación ya viene determinada por la localización del inmueble o de la operación jurídica documentada, no por el domicilio social de la entidad que interviene en la operación. Introducir este último criterio supone otorgar un beneficio fiscal únicamente a entidades domiciliadas en Galicia, excluyendo a las que operan en ese mismo territorio pero tienen su sede en otra comunidad autónoma.

En este contexto, el Tribunal examina también la incidencia de la norma en el principio de unidad de mercado y en la libertad de establecimiento y circulación de operadores económicos dentro del territorio nacional. Señala que las comunidades autónomas no pueden introducir medidas que, aun en el ejercicio de sus competencias fiscales, generen obstáculos o discriminaciones que dificulten la actividad económica de entidades procedentes de otros territorios. Un beneficio fiscal condicionado al domicilio social en la propia comunidad puede incentivar artificialmente el traslado o fijación de domicilios sociales y desincentivar la actividad de operadores externos, alterando así las condiciones de competencia en el mercado.

El Tribunal recuerda que la Constitución garantiza que ningún poder público puede adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libre circulación de bienes o la libertad de establecimiento dentro de España. Aunque las comunidades autónomas dispongan de capacidad normativa en materia tributaria, esa competencia no puede utilizarse para introducir diferencias de trato basadas en criterios territoriales que carezcan de relación directa con el hecho imponible o con la finalidad legítima del tributo.

Asimismo, la sentencia examina los posibles argumentos de justificación del requisito territorial. El Tribunal concluye que la norma no responde a la necesidad de corregir situaciones específicas del tributo ni a objetivos de política fiscal vinculados al hecho imponible. Tampoco se acredita que la exigencia del domicilio social sea necesaria para garantizar una mejor gestión del impuesto o para asegurar la conexión territorial del beneficio fiscal. En consecuencia, el criterio utilizado por la norma autonómica se considera arbitrario desde el punto de vista constitucional.

A partir de este razonamiento, el Tribunal concluye que el requisito del domicilio social en Galicia introduce una discriminación injustificada entre operadores económicos que realizan idénticas operaciones sujetas al impuesto. Esa discriminación vulnera el principio de igualdad y afecta a la libertad de circulación económica dentro del territorio nacional. Por ello, declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso de la norma autonómica que establecía dicho requisito.

La sentencia limita su pronunciamiento exclusivamente a ese elemento concreto de la norma, manteniendo el resto del régimen del tipo reducido del impuesto. Con ello se elimina el requisito territorial discriminatorio, permitiendo que el beneficio fiscal pueda aplicarse con independencia del domicilio social de la entidad, siempre que se cumplan las demás condiciones previstas en la normativa tributaria.

Finalmente, el Tribunal ordena la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado y declara la nulidad del inciso impugnado desde el momento de la publicación, conforme al régimen general de efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de control de constitucionalidad.

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