7. Reacción institucional
Ante este panorama, la reacción institucional no ha faltado. El Consejo General de la Abogacía Española lleva años interviniendo y denunciando la situación. No como gesto simbólico, sino porque el problema es estructural y ya no se puede disimular.
Desde la Abogacía se reclama una reforma real del sistema de justicia gratuita. No ajustes menores ni parches temporales, sino un cambio de fondo que afronte lo que ahora se evita: quién paga, cuánto paga y cuándo paga. Porque sin eso, todo lo demás es retórica.
La exigencia principal es tan básica que resulta casi insultante tener que repetirla. Financiación adecuada. Pagos oportunos. Nada extraordinario. Simplemente que el sistema funcione sin trasladar sus carencias a quienes lo sostienen con su trabajo. Todo lo demás son declaraciones bienintencionadas que no cambian nada.
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