Como tener Justicia Gratuita
En otros países, sobre todo en el ámbito anglosajón, es habitual el llamado modelo pro bono. Funciona de una manera sencilla: algunos abogados deciden prestar servicios legales gratuitos de forma voluntaria. No porque estén obligados, sino porque así lo eligen.
Este tipo de asistencia suele dirigirse a personas que no pueden asumir los costes de una defensa legal, pero que tampoco encajan en los requisitos de los sistemas públicos de justicia gratuita. Es una vía alternativa. Flexible. Y, en muchos casos, puntual.
Allí algunos abogados prestan servicios legales gratuitos de forma voluntaria. No porque la ley se lo imponga, sino porque el sistema lo permite y, en cierta medida, lo ampara. Suele dirigirse a personas que no pueden asumir los costes de una defensa y que, aun así, necesitan ayuda. Hasta ahí, la teoría.
En España la cosa es bastante menos romántica. Aquí no existe obligación legal alguna de prestar servicios pro bono. Y no es solo una cuestión de voluntad o compromiso social. Hay un detalle nada menor que suele pasarse por alto: para la Hacienda Pública, toda actividad profesional debe valorarse a precios de mercado. Así, sin matices. Eso significa que una prestación jurídica gratuita, fuera del sistema de Justicia Gratuita, podría llegar a interpretarse como una operación sujeta a IVA, retenciones y demás alegrías fiscales, segun el precio de mercado. Gratis para el cliente, pero no necesariamente para el despacho. Un negocio redondo.
Por ese motivo, entre otros, el pro bono en España no es una práctica generalizada ni sencilla de articular. Algunos despachos lo promueven, sí, como parte de su responsabilidad social, asumiendo riesgos, costes y contradicciones. Otros, directamente, pasan. No por falta de sensibilidad, sino porque el marco legal y fiscal convierte la buena voluntad en un problema. Hasta donde sabemos, esa interpretación no se ha llevado todavía hasta sus últimas consecuencias. Pero ahí está. Latente. Como casi todo.
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