4. Distancia entre la norma y la realidad
En el lenguaje oficial hay una palabra que lo explica casi todo: ayudas. No pagos. No financiación. Ayudas. Se usa de forma sistemática, como si el simple cambio de término rebajara la obligación. Y funciona. Al menos sobre el papel.
El problema es que esas ayudas no cubren los costes reales del servicio. Ni de lejos. No cubren el tiempo invertido, ni la responsabilidad asumida, ni los gastos que conlleva una defensa efectiva. Cubren algo. Lo justo para poder decir que “se ha hecho algo”. Y poco más.
La consecuencia es directa y conocida. La carga económica se desplaza hacia los abogados. Son ellos quienes acaban sosteniendo el sistema, primero parcialmente y, en muchos casos, casi por completo. Un derecho público financiado de forma privada. Sin reconocimiento. Sin compensación real. Y, además, con la expectativa de que nadie proteste demasiado.
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