1. Naturaleza del derecho a la justicia gratuita
La justicia gratuita no es un favor ni una concesión amable. Es un derecho. Está recogido en el artículo 119 de la Constitución Española y no admite demasiadas interpretaciones creativas. Si una persona no tiene recursos para litigar, el sistema debe garantizarle el acceso a los tribunales. Punto.
Ese derecho existe para evitar que la justicia sea solo para quien puede pagarla. Para que no dependa del saldo de la cuenta ni del margen económico de cada uno. Y, conviene decirlo claro, la obligación de hacerlo efectivo no es de los abogados. Es del Estado. Del Estado y de nadie más.
Es el Estado quien debe organizar los medios, poner los recursos y asumir el coste real del sistema. Lo contrario es un apaño. Y los apaños, cuando se trata de derechos fundamentales, acaban convirtiéndose en otra cosa muy distinta a lo que dice la Constitución.
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