TEMAS - REGISTRO ADMINISTRATIVO

Los registros públicos en España son instituciones jurídicas que cumplen una función esencial en el tráfico jurídico y en la garantía de la seguridad y publicidad de determinados actos y hechos. Estos registros constituyen herramientas al servicio de la ciudadanía, de las administraciones públicas y de los operadores jurídicos, permitiendo la inscripción y publicidad de situaciones jurídicas con relevancia para el ordenamiento. Este artículo ofrece un análisis detallado de la naturaleza, clasificación y funcionamiento de los registros públicos en España, enmarcados en la legislación vigente.

Concepto de Registro Público

El registro público es una institución de carácter administrativo que tiene como finalidad inscribir, anotar, cancelar y dar publicidad a ciertos hechos, actos y derechos jurídicos con relevancia para la seguridad jurídica. La inscripción en un registro público otorga fe pública registral, lo que significa que los datos y situaciones inscritas en el registro se presumen veraces y exactas frente a terceros, salvo prueba en contrario.

En el ámbito del Derecho español, los registros públicos constituyen una manifestación del principio de publicidad, que se traduce en la posibilidad de que cualquier interesado pueda conocer la situación jurídica de determinados bienes, derechos o personas. La publicidad registral se convierte así en una garantía de seguridad en las transacciones jurídicas, protegiendo los derechos de quienes confían en los datos inscritos.

Tipos de Registros Públicos

En España, existen diferentes registros públicos, cada uno de los cuales cumple funciones específicas relacionadas con distintas ramas del Derecho. Entre los principales registros públicos se encuentran:

* Registro Mercantil * Registro Civil * Registro de Bienes Muebles * Registro de la Propiedad Intelectual * Registro de religiones

Funcionamiento y Procedimientos de Inscripción

El procedimiento de inscripción en los registros públicos varía en función del tipo de registro y de la naturaleza del acto o hecho que se pretende inscribir. No obstante, algunos elementos comunes a todos los registros son:

Solicitud de inscripción

La inscripción en un registro público suele requerir la presentación de una solicitud acompañada de la documentación pertinente. En muchos casos, como en el Registro de la Propiedad o el Registro Mercantil, la solicitud debe ir acompañada de documentos notariales, como escrituras públicas o actas notariales.

Calificación registral

Antes de proceder a la inscripción, el registrador revisa y califica la legalidad y validez del acto o contrato presentado. Esta calificación registral es una función de contfuncion de legalidad que evita la inscripción de actos contrarios a la ley.

Efectos de la inscripción

La inscripción en los registros públicos produce efectos jurídicos específicos, como la protección frente a terceros y la generación de fe pública registral. En algunos casos, como en el Registro Mercantil, la inscripción es constitutiva, es decir, la existencia jurídica de la sociedad depende de su inscripción.

Legislación

La regulación de los registros públicos en España se encuentra en diferentes normas legales, pocas son generales, la mayoria son particulares de cada tipo de registro.

Sobre este tema tenemos los siguientes libros, normas y documentos:

• Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. < .
• Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas. < .
• Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. < .
• Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. < .
• Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos. < .
• Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen criterios para la emisión de la comunicación a los interesados prevista en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. < .
• Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se regula el Registro Electrónico de la Agencia Española de Protección de Datos. < .
• Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. < .
• Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales. < .
• Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal. < .
• Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos. < .
• Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común. < .
• Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. < .
• Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal. < .
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. < .
• Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. < .
• Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. < .
• Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. < .
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. < .
• Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. < .
• Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública. < .
• Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se aprueban los modelos de poderes inscribibles en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado y en el registro electrónico de apoderamientos de las Entidades Locales y se establecen los sistemas de firma válidos para realizar los apoderamientos apud acta a través de medios electrónicos. < .
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. < .
• Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil. < .
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. < .
• Instrucción de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo del mismo en las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad, desde la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. < .
• Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo. < .
• Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. < .
• Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios observacionales con medicamentos de uso humano. < .
• Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. < .
• Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. < .
• Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. < .
• Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. < .
• Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se crea el Registro de planes de igualdad de las Administraciones Públicas y sus protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo. < .

- - - - - - - - - - - - N A V E G A C I O N